La Plataforma de afectados por la ocupación Leyantiocupas va a convocar una concentración en la Plaza de las Cortes el próximo 27 de marzo a las 12 horas.
La Plataforma Leyantiocupas presenta este documento con el fin de que, tanto la concentración como su preparación y difusión, sigan unas pautas que reflejen nuestros valores, reivindicaciones y consignas para el buen desarrollo del evento:
1. No nos oponemos a ninguna plataforma, asociación o entidad de ninguna índole. Solo pedimos la aplicación del valor de la equidad en la legislación actual para con los afectados por la ocupación.
2. Los objetivos de nuestra reivindicación están ligados a la modificación legislativa para evitar los agravios y perjuicios de las leyes y su aplicación para con los afectados, así como para la solicitud de medidas que reviertan la situación de todos los afectados por la ocupación.
3. Somos una plataforma apolítica, los organizadores y portavoces llevarán un identificativo claro para evitar posibles malas interpretaciones.
4. No podemos hacernos responsables de todas las reivindicaciones de los asistentes, si bien, solicitaremos a todos los participantes que no lleven ningún tipo de simbología política puesto que necesitamos poner el foco en los verdaderos afectados. Por supuesto agradeceremos públicamente el apoyo de todos los partidos y representantes de los mismos por su apoyo y asistencia.
5. Lanzaremos una circular para evitar consignas que utilicen insultos, falten el respeto, el honor o la dignidad de cualquier persona o colectivo.
6. En caso de que alguien incumpla estas consignas, se informará al coordinador de voluntarios para que lo comunique directamente a la policía nacional.
7. La concentración utilizará la palabra y buscará el diálogo para conseguir la finalidad del acto.
8. Estamos abiertos al diálogo pausado, coherente y lejos de la crispación política del panorama político actual.
9. Tanto los problemas económicos como sociales referentes a la ocupación desvían la atención de nuestro objetivo, por lo que pediremos que el debate / diálogo que se origine por la concentración tenga como eje las consecuencias de la ocupación sobre las víctimas, como parte perjudicada debido a la falta de legislación que nos ampare.
10. Se aplicarán las normas de prevención de contagios de la COVID-19, recomendando el uso de mascarilla en el evento así como mantener la distancia social de dos metros. Se dispondrá de gel hidroalcohólico así como de mascarillas para evitar contagios.
11. Durante la concentración habrá varios voluntarios ubicados en distintos punto de la manifestación y cuya función será informar a las personas concentradas y reportar cualquier tipo de incidencia al coordinador de voluntarios.
Deseamos que la concentración se desarrolle desde los valores democráticos pero con la firmeza de nuestra convicción de reivindicar nuestros derechos
MANIFIESTO CONCENTRACIÓN VÍCTIMAS DE LA OCUPACIÓN
La Plataforma #Leyantiocupas de Afectados por la Ocupación nace, por un lado, para conseguir una modificación legislativa para que los agravios y perjuicios que sufrimos las víctimas paren, y por otro, para revertir la situación de cada uno de los afectados ante una ley injusta y un gobierno incapaz de proteger a las víctimas de un delito.
Somos muchos los afectados de los delitos de allanamiento y usurpación recogidos en los artículos 202 y 245 del código penal, sin embargo, las consecuencias del delito recaen sobre las víctimas, y no sobre los delincuentes, quienes tienen todos los derechos y ninguna obligación.
Pequeños propietarios, comunidades de vecinos, pueblos, barrios de la mayoría de las ciudades españolas sufren esta lacra que ha creado una gran alarma social, de la cual poca conciencia política tiene el gobierno actual. Por eso estamos aquí, para reclamar nuestros derechos y exigir el amparo de una ley que nos proteja, y castigue a aquellos que están vulnerando nuestros derechos (art. 33 y 47 CE).
Ningún afectado por la ocupación se opone a que el gobierno, en uso de sus facultades, legisle para proteger a aquellas personas calificadas como vulnerables, pero lo que no podemos tolerar es que la carga recaiga sobre los propietarios. No podemos permitir que ninguna persona, sea vulnerable, o no, abuse de las ventajas que le otorga una ley, para aprovecharse de nuestro estado de bienestar y de unos ciudadanos honrados y desamparados.
No podemos aceptar una ley que ampare a los delincuentes y que agravie a las víctimas. Ni sucesivas prórrogas de medidas que protejan situaciones sociales de vulnerabilidad sin dialogar con los afectados de las mismas.
Somos muchos los afectados por esta falta de garantía legislativa y judicial: los afectados directos, aquellos que han visto allanadas sus casas, sin apoyo policial, ni judicial, ni legislativo, con el agravio de costear grandes gastos derivados de la vivienda ocupada, los abogados y procuradores en largos procesos judiciales, para no siempre recuperar su propiedad, y lo más humillante: pagar los suministros de quien ha violado su propiedad, cometiendo delito contra la propiedad privada. ¿Por qué la víctima, a la que secuestran la casa, no solo la pierde sino que tiene que asumir todos los costes derivados del delito cometido? ¿Quién repara el daño psicológico, emocional, económico, material? ¿quién? ¿Cómo puede permitir un estado de derecho que la víctima sea quien cumpla una condena mayor que los delincuentes ocupas?
Por otro lado, son muchos también, los afectados indirectos, aquellos que ni siquiera tienen un régimen jurídico efectivo para poder defenderse de las usurpaciones que, como vecinos también nos afecta al goce tranquilo de sus propias casas, aquellos que tienen se ven resignados a soportar la inacción de algunos bancos y fondos de inversión, pero también la aceptación social por parte de algunos partidos políticos que blanquean esta ocupación sin considerar los daños de quienes tienen que convivir con los ocupas, que en la mayoría de casos, no respetan las normas de convivencia, que cargan sobre las víctimas indirectas los gastos de comunidad, los enganches a los suministros, destrozos, ruidos, amenazas, narcopisos y hasta violencia extrema. Esta situación deriva en trastornos del sueño, ansiedad, depresión, problemas psicológicos, psiquiátricos, económicos, derivados de una legislación nacional que no ampara a estos afectados. El fenómeno ocupa, lejos de remitir o desaparecer se readapta a nuevos marcos legales, incluso más difíciles de identificar, pero que causan el mismo daño sobre las víctimas, hablamos de la inquiocupación, un fenómeno ligado al descenso de los allanamientos que lejos de ser reales se transforman en ocupas que, con o sin contrato, dejan voluntariamente de pagar el alquiler y ni siquiera aparecen en los recuentos de cifras de ocupación al existir, o no, un contrato de arrendamiento.
Por tal motivo y en nombre de los afectados directos e indirectos, así como de los afectados por la inquiocupación, exigimos:
– Normativa e instrucciones claras para que los distintos cuerpos policiales intervengan en todos los casos de allanamiento y usurpación sin excepción.
Pero también pedimos protección a las víctimas y la estricta aplicación de la normativa municipal, autonómica o nacional para respetar la vigilia de los vecinos, el nivel de ruido, las conductas antijurídicas en el vecindario, así como los menudeos, los enganches a suministros no autorizados y las actividades ilícitas fuera y dentro de las viviendas ocupadas. Pero sobre todo pedimos agilidad en los trámites y actuaciones.
– Reunión urgente con miembros de los dos partidos de coalición del gobierno para exponer nuestra situación y reivindicaciones, con la finalidad de comenzar un cambio legislativo que nos ampare.
– Revertir todos y cada uno de los agravios sufridos por las víctimas de ocupación en todo el territorio nacional.
Enrique Álvarez - Enalfersa 